Nosotras feministas defensoras de derechos humanos, juntas y con indignación, hacemos visible nuestro reclamo por la vida de todas las mujeres arrebatadas en nombre del patriarcado, y MANIFESTAMOS:

Que pese a la existencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), vigente desde enero de 2012, continúa siendo alarmante la cantidad de feminicidios y demás hechos delictivos que contra las mujeres se registran año con año en el país, aun cuando se tiene claro que las cifras conocidas apenas constituyen un sub-registro, debido a que la mayoría de víctimas de violencia de género por diversos motivos como el miedo y la desconfianza en las autoridades, no ponen una denuncia en las instancias competentes.

Hay una tendencia manifiesta al comparar las cifras del primer trimestre de 2016, 2017 y 2018, en los cuales se registran 201, 91 y 114 feminicidios respectivamente. El Salvador cuenta con una de las tasas de muertes violentas de mujeres más altas de la región y del mundo, 2016 se ubicó a la cabeza de entre 17 países latinoamericanos y caribeños con el mayor índice de feminicidios con una tasa de 11.2 por cada 100,000 mujeres (CEPAL) y para el año 2017, con una tasa de 13.49 por cada 100,000 mujeres, según datos de la PNC. De enero 2010 a abril de 2018 se han cometido 3,727 feminicidios, según datos de la PNC, IML, FGR¹. Según la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer El Salvador, 2017, presentada recientemente por la DIGESTYC y el Ministerio de Justicia 67.4% de mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas. El mismo estudio refleja que sólo 6 de cada 100 mujeres agredidas denunció el hecho o buscó apoyo, la mayoría por falta de accesibilidad, porque pensaron que no les creerían, por vergüenza o por haber sido amenazadas.

Los feminicidios no son crímenes pasionales, de celos o de amor, ni producto de un ataque momentáneo, o una emoción violenta, son un acto deliberado, resultado de una historia de violaciones, a las que subyace la misoginia implícita y explícita, que suman una larga cuenta de humillaciones, control extremo, aislamiento, descalificaciones, anulación de la autonomía, despojo patrimonial, la utilización de nuestros cuerpos y nuestra fuerza de trabajo y el sometimiento por medios sexuales. La maternidad forzada y limitación de las libertades, son la máxima expresión del abuso de poder y superioridad y desprecio de los hombres sobre la imagen y la vida de las mujeres.

De igual forma, existe una violencia institucional del sistema de justicia, al no garantizarles a las mujeres la debida protección, aun cuando depositan la confianza en el sistema y se atreven a denunciar, volviéndose una expresión de discriminación al no proteger bajo el estándar de la debida diligencia y la protección reforzada por violaciones a derechos humanos, ordenado por el Art. 7 de la Convención de Belem do Pará y otros Tratados.

Que la tendencia hacia el incremento de feminicidios se refuerza al analizar las cifras relativas a la muerte violenta de mujeres y hombres en 2015, 2016 y 2017, lo que permite constatar que si bien se han reducido significativamente los homicidios eso no ha pasado con los feminicidios. Las instituciones competentes en materia de seguridad pública y de aplicación y administración de justicia están llamadas a adoptar urgentemente las medidas que estimen necesarias ante la amenazante espiral feminicida para garantizar a niñas, adolescentes y mujeres salvadoreñas el pleno respeto de derechos tan fundamentales como el derecho a una vida libre de violencia.

La impunidad de forma tan repetida, se vuelve un vehículo eficaz de normalización de las conductas de odio y violencia contra las mujeres, mostrando la complicidad de un Estado que no logra proteger el ejercicio de nuestros derechos.

Las mujeres hemos aportado en todas las formas al desarrollo de este país, incluso bajo amplias brechas de desigualdad que aún no se superan, y con una movilización global desde el feminismo que reafirma que nuestros derechos, son derechos humanos, EXIGIMOS:

1. Justicia para todos los crímenes contra las mujeres.
2. Investigar y separar del servicio público a todas las personas en servicio público que propicien, toleren o minimicen la violencia contra las mujeres y que con su negligencia y machismo negaron la prestancia a la protección y condenaron a las mujeres a sufrir la violencia letal.
3. La consideración en las políticas de seguridad, que el machismo, la misoginia y el sexismo son factores de peligrosidad agresiva contra más de la mitad de la población.
4. Una institucionalidad eficiente para las mujeres, capaz de defender nuestros derechos y libertades.
5. Cero tolerancia a medios publicitarios, medios de comunicación, comunidades basadas en la fe, partidos políticos e instituciones públicas y privadas nacionales y locales que promueven la conducta de odio contra las mujeres.
6. Revisar la política educativa, a fin de promover los derechos humanos de las mujeres y rechazar toda forma de violencia como lo ordena la LEIV. 7. Establecer una emergencia nacional y local para atender los feminicidios y otras formas de violencia, instalando un gabinete especial para atender la situación, y a la FGR, nombrar una Fiscal Adjunta especializada y desde el más alto nivel, para dar seguimiento a los feminicidios y a los hechos de violencia que enfrentan las mujeres por motivos de sexo.
7. Que la Corte Suprema de Justicia, fortalezca el funcionamiento de los Tribunales Especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, para garantizar que la demanda de servicios no desborde la calidad resolutiva con que hasta ahora trabajan. 9. Garantía para las mujeres defensoras de los derechos humanos, organizadas o no, de no ser intimidadas, amenazadas o coaccionadas por el ejercicio de su deber ciudadano de vigilar el cumplimiento de la Constitución.

San Salvador, 27 de abril de 2018.

1 Observatorio de violencia de ORMUSA, disponible en: http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/

Comunicado_27-04-18